Existe una obligación por parte del  progenitor (padre) con la manutención de su hijo o hija, desde que la mujer está embarazada, ya sea que la criatura (concepción), sea producto de una relación matrimonial (Ley 659), de una relación de pareja en unión libre (artículo 55 numeral 5 de la Constitución), o sencillamente de un embarazo supuestamente no deseado (artículo 173 Ley 136-03).
En caso de que no exista una relación de pareja formal, el hombre siempre está obligado desde la concepción del niño o niña, a cubrir los gastos del embarazo, así como también los gastos del parto y luego cubrir los costos del post parto durante tres meses contando la fecha a partir del nacimiento de la criatura.
Y además, cumplir como padre con la obligación alimenticia del niño o niña, hasta que alcance la mayoría de edad (18 años); en el caso de los niños-as, producto de una relación matrimonial y que los padres tengan la intención de divorciarse (Ley 1306-Bis), es bueno fijar en el acuerdo de divorcio (acto de estipulaciones y convenciones), la suma de dinero que el hombre tenga que suministrar mensualmente a la madre de los hijos (artículo 197 Ley 136-03, modificada por la Ley 52-07) .
En caso de hijos de una relación de pareja en unión libre, y que la misma se haya terminado, se puede convenir entre las partes, establecer la pensión y el monto a pagar, mediante una acuerdo notarial (Ley 140-15).
Soy de opinión, que en cualquier caso, los padres siempre se pongan de acuerdo, y fijen ellos mismos conforme a sus ingresos, la pensión de los hijos, y que la madre entregue un recibo cada vez que reciba el dinero, o el padre lo envíe por una casa de envío para que conserve la prueba de que está cumpliendo.
En el hipotético caso, que el padre del niño o niña se niegue a pagar la pensión, ya sea alegando que no trabaja, o que la criatura no es de él, etc., la madre debe acudir, al Ministerio Público (Fiscalizador) del Juzgado de Paz más cercano del lugar donde vive el niño-a, para que lo citen y se conozca en la fase de conciliación la pensión, en caso de no haber acuerdo, el Juez pasa a conocer el caso, y la madre debe solicitar desde la primera audiencia, que le fijen una pensión provisional, hasta que el Tribunal conozca el caso de manera definitiva, es bueno que la madre lleve una lista de los gastos del niño o niña, para que justifique la suma que va a pedir de pensión;  y si es posible llevar pruebas de los ingresos o del sueldo del padre.
Dr. JOSÉ ALBUEZ CASTILLO
Abogado Notario

Fuente: noticiasbarahona

Por: Lic. Romeo Trujillo Arias
Por: Lic. Romeo Trujillo Arias

Libertad de Tránsito y la Inviolabilidad del Domicilio

Debido a la situación que actualmente atraviesa el país, el Estado dominicano declaró el Estado de Emergencia por 25 días mediante la Resolución 62–20 emitida por el Congreso Nacional y el Decreto 134–20, ambos de fecha 19 de marzo de 2020, la cual fue extendida mediante decreto posterior hasta el 30 de abril de 2020, luego en vista de la necesidad, el presidente Danilo Medina, previa aprobación por parte del Congreso Nacional, extendió a través del Decreto 161-20, el domingo 17 de mayo el toque de queda hasta el 1 de junio, es decir, 15 días mas, pero introduciendo diversos cambios en la medida, por ejemplo, el mandatario indicó que de lunes a sábado, el toque de queda será desde las 7:00 p.m. hasta las 5:00 a.m, mientras que los domingos se realizará de 5:00 p.m. a 5:00 a.m.


En ese orden, también exhortó a la población observar distanciamiento social y limitar salidas fuera del hogar.


El estado de emergencia, según la Constitución y la ley 21–08 Sobre Estados de Excepción, le otorga al presidente la facultad de tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar la propagación de enfermedades contagiosas como el COVID–19, y es un mandato de los artículos 262 al 266 de la Constitución dominicana.


Así las cosas, dentro de las medidas tomadas por el presidente y la Comisión de Alto Nivel, mediante los decretos 135–20, 136–20, 148-20 y 161-20, se encuentran las siguientes: I) el distanciamiento social o cuarentena, que implica que las personas mantengan al menos un metro de distancia entre sí y la salida del hogar sólo en casos de emergencia; II) el toque de queda, que implica que durante un periodo de tiempo determinado nadie puede salir de su hogar; III) la prohibición de las reuniones y asociaciones grupales; y, IV) la prohibición de las playas, ríos, piscinas, parques, etc.
En los estados de conmoción interior y de emergencia podrán suspenderse algunos derechos fundamentales reconocidos por la Constitución de la República, entre los que están, por ejemplo:
La inviolabilidad del domicilio y de recintos privados, dispuesta en el artículo 44, numeral 1) de la Constitución y la libertad de tránsito, dispuesta en el artículo 46 de la Constitución.
Dentro de las tantas prohibiciones por parte del Poder Ejecutivo, está el cierre de algunas empresas y negocios, dentro las que podemos citar a modo de ejemplo, los moteles, drinks, discotecas, etc.
En los últimos días hemos visto varios acontecimientos como es por ejemplo, el apresamiento de varias personas, entre ellas 20 parejas, en un operativo efectuado por miembros de la Policía Nacional y un representante del Ministerio Público, en un hotel de la avenida Charles de Gaulle, por supuesta violación a las disposiciones oficiales que establecen el distanciamiento social y el toque de queda, la cual trajo consigo la clausura del establecimiento y el pago de una multa por parte de los apresados y el dueño del establecimiento.Sin embargo, es válido preguntarse si las medidas tomadas por el presidente de la República le permiten a las autoridades encargadas de velar por su cumplimiento, a saber, la policía nacional y demás cuerpos castrenses, entrar y supervisar áreas privadas de acceso restringido como moteles, condominios, residenciales, complejos de villas y viviendas, entre otros.


La respuesta a lo anterior es , pues de manera expresa la ley 21–08 Sobre Estados de Excepción le otorga poder al presidente para que este suspenda el derecho a la inviolabilidad del domicilio, de tránsito y el acceso a áreas restringidas, por lo que siendo los moteles, condominios, residenciales y complejos de villas áreas de acceso restringido, las autoridades puedes entrar y supervisar que sus habitantes están cumpliendo con el distanciamiento social y el toque de queda.


Además de lo anterior, el Estado, como principal garante de los derechos fundamentales y ante la presencia de una pandemia, debe hacer primar el interés general, que en este caso es la salud y la seguridad del pueblo, ante el interés particular, que es el libre acceso a las áreas restringidas, la restricción a la libertad de tránsito y el domicilio de las personas.
El Tribunal Constitucional ha establecido que la libertad de tránsito “es la posibilidad que tienen todas las personas de entrar y salir del país, así como la de desplazarse libremente por el territorio del mismo”.  Pero al mismo tiempo, ha señalado que ese derecho que tiene un individuo “solo puede ser limitado en los casos y en los fines limitativamente previstos por la Constitución y las leyes (…) (TC-/0083/19).


Y es que la propia constitución (Art. 266) otorga potestad al mandatario para suspender el ejercicio de varios derechos fundamentales en ese estado de emergencia, entre los que están el de la libertad de tránsito y circulación y el domicilio.
Por: Lic. Romeo Trujillo Arias
         Abogado / Catedrático Universitario

Fuente: noticiasbarahona.com

Dr. José Albuez
Abogado Notario

La Ley No.  2125 del 27 de septiembre del 1949, que deroga los artículos del 1536 al 1539 del Código Civil, establece con relación a los matrimonios celebrados con separación de bienes, que cada esposo conserva la propiedad, la administración y el goce de sus bienes.

Es muy frecuente en nuestro país, que luego de un primer matrimonio con hijos (Ley 659), y posteriormente un divorcio (Ley 1306-Bis) y partición de bienes (artículo 815 del Código Civil, modificado por la Ley 935 del 25 de junio de 1935), que el segundo matrimonio que celebre ya sea el hombre o la mujer, lo haga con separación de bienes; pero cuando hay hijos anteriores, los mismos siempre están pendiente de que  los bienes que posee su padre,  si muere, a la esposa no le corresponde nada, por no existir entre ellos comunidad legal de bienes (artículo 1400 del Código Civil), razón por la cual, a la hora de la muerte del padre, el cien por ciento de los bienes corresponden solamente a los hijos del primer y del segundo matrimonio, dejando a la mujer fuera, por haberse casado con separación, con la redacción de un acto notarial de separación (artículo 1394 del Código Civil).
En la práctica, a través del ejercicio del derecho, he visto algunos casos, que algunas mujeres casadas con separación de bienes, son mejores esposas que las primeras, son buenas madres, excelentes compañeras, entonces el hombre se arrepiente de haberse casado con separación de bienes, y quiere resarcir a la mujer con algunos bienes.
Hay hombres que tratando de corregir el problema, plantean divorciarse para casarse de nuevo con su misma esposa, para cambiar del régimen de separación de bienes, al régimen de comunidad, pero se encuentran con el inconveniente del PRINCIPIO JURÍDICO DE LA INMUTABILIDAD DE LOS REGÍMENES MATRIMONIALES, es decir, que luego del matrimonio no se puede cambiar de régimen matrimonial, aunque la misma pareja se divorcie y se vuelva a casar.
Otros hombres quieren resolver el problema con un testamento (artículo 967 del Código Civil), o con el traspaso de algunas acciones o cuotas sociales de una Compañía SRL (Ley 479-08).
Mi experiencia me dice,  que la mujer que se casó con un hombre, ella pobre y el rico, con separación de bienes, y lo único que el hombre le deja son papeles (testamento, acciones, etc.), en vez de darle lo que se merezca en vida, lo que le está dejando es un problema de muchos años en los Tribunales.

Dr. José Albuez
Abogado Notario

Fuente: Noticias Barahorana